Nuevo reclamo internacional al Estado argentino
El titular de la CIDH detalló que “la comisión recibió una solicitud de medidas cautelares y denuncias de desaparición forzada” sobre Maldonado y resolvió “enviar una notificación al Estado nacional”. El Gobierno ya respondió con un informe.
Así lo anticipó el titular de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, quien especificó que “hace pocos días la Comisión recibió una solicitud de medidas cautelares y denuncias de desaparición forzada” sobre Maldonado y que luego de analizar la información se resolvió “enviar una notificación al Estado nacional”. En este sentido, anticipó en declaraciones radiales que se instará al Gobierno argentino a que “realice las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Maldonado y ofrezca todas las garantías correspondientes”.
Eguiguren Praeli explicó que la decisión fue tomada luego de analizar la información que brindó el Estado, sobre la causa que investiga la desaparición del joven que fue visto por última vez cuando Gendarmería desalojó una toma de tierras de una comunidad mapuche en el noroeste de Chubut. Y aclaró que el papel de la CIDH en la causa es el de “colaborar” para que la situación se esclarezca. “Lo importante es que todo esto se esclarezca internamente. Hay una investigación y está actuando la justicia local, nosotros no podemos sustituirla”, remarcó. Además, expresó que “ojalá” que el joven “aparezca con vida” e instó a las autoridades a que se realicen todas las investigaciones correspondientes.
Según la agencia oficial Télam, la comunicación fue recibida el 10 de agosto por el canciller Jorge Faurie, donde la CIDH informó al Estado argentino sobre la solicitud de medidas cautelares por el caso de Maldonado, en el marco del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esa agencia indicó que fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores afirmaron que ese escrito “ya fue contestado por la Cancillería dentro del plazo de 72 horas previsto como primer paso, con un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos”.
En tanto, el gobierno estaría enviando hoy su respuesta al requerimiento del Comité contra la Desa- parición Forzada de las Naciones Unidas, que el 7 de agosto consideró que la desaparición de Santiago Maldonado exige “la acción urgente del Estado parte para buscarle y localizarle” y para identificar a los responsables.
El mecanismo de medidas cautelares previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH se pone en marcha ante una posible violación de derechos protegidos por las convenciones americanas sobre Derechos Humanos y sobre Desa- parición Forzada de Personas considerados de la mayor urgencia. Una vez producida la información solicitada al Estado, la misma va a los peticionantes. Cumplidos esos pasos, cada uno de los cuales tiene plazos muy definidos, la CIDH finalmente resuelve si otorga o no las medidas cautelares solicitadas para lo cual toma en cuenta la gravedad y urgencia de la situación, si el riesgo o amenaza es inminente y puede materializarse, y si puede causar un daño irreparable. Este organismo internacional ya condenó a Argentina en 2011 por la desaparición de Iván Torres, también en Chubut.
Santiago Maldonado había viajado hasta el departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, para sumarse a las protestas de la comunidad mapuche que reclama tierras a las cuales reivindica como de su propiedad ancestral.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se sumó a la búsqueda de Maldonado, luego de un informe presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Senado.
Por otra parte, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, criticó la postura del Gobierno nacional sobre la investigación al asegurar que como familia se sienten “atacados” y que se está apuntando contra ellos para “infundir un poco de miedo”. En diálogo con PáginaI12 agradeció a sus amigos que armaron el sitio www.santiagomaldonado.com y contó que durante el fin de semana hubo un homenaje, que incluyó la realización de un mural, en la localidad de 25 de Mayo, donde viven sus padres.
“Nuestro sustento es el esfuerzo propio, es la Autogestión e incluso el trabajo asalariado destinado en la Militancia. La Autonomía la Reconstruimos cada día”, expresó la máxima autoridad de la comunidad Pu Lof, detenido en la Unidad Penal 14 de Chubut.
Jones Huala, quien decidió levantar la huelga de hambre que mantuvo durante 18 días en virtud de “la creciente movilización política y social mapuche”, agradeció el acompañamiento de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. “La unión de todas estas fuerzas ha logrado resguardar provisoriamente a Pu Lof Cushamen”, manifestó Jones Huala al celebrar que se haya retirado del lugar “un colectivo de camionetas de Gendarmería”, aunque también condenó el “hostigamiento de la Policía Provincial y Federal” que transita permanentemente el lugar.
El 1 de agosto un grupo de gendarmes entró, sin orden judicial, al territorio mapuche y reprimió a los integrantes de la comunidad. Según consta en la denuncia del CELS, los efectivos dispararon balas antimotines y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Desde entonces se desconoce el paradero de Santiago Maldonado, un joven que había llegado un día antes a la comunidad (ver aparte). Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Justicia, Germán Garavano, y de interior, Rogelio Frigerio, y el propio presidente Mauricio Macri intentaron deslindar la responsabilidad de Gendarmería en el desaparición de Maldonado y acusaron a los mapuches de pretender crear un estado paralelo, con serruchos y martillos.
Jones Huala criticó duramente tanto a la fuerza de seguridad como a los funcionarios involucrados. “Llamo a aquellos gendarmes y policías, aún humanos, a abstenerse de reprimir y no enfrentar a las comunidades Mapuche. También les pido que se sinceren sobre la desaparición de Santiago”, exigió el documento, que reclamó que el gobierno nacional reconozca que “son ellos los que han roto cada diálogo”. “El juez Guido Otranto debiera reconocer y denunciar los aprietes de la Sociedad Rural, (del gobernador de Chubut) Mario Das Neves y del Ministerio de Seguridad de la Nación; no le teme a los Mapuche, le teme al Gobierno de los ricos”, advirtió.
El lonko negó también que la comunidad mapuche se proponga “construir ningún estado porque el estado es una forma de los winkas –blancos– para someter pueblos”, y se diferenció de ellos al afirmar que no son winkas “para someter ni ser sometidos”. En el mismo tono, Jones Huala responsabilizó a las autoridades políticas y judiciales de haber “agotado todas las vías diplomáticas” y denunció que “nunca existió una voluntad real para la solución política del conflicto”.
Fuente: Página /12