Chile, el saqueo y la política neoliberal

Si de modelos políticos y económicos vamos a hablar, más que claro está que al neoliberalismo lo inscribimos en una etapa del capitalismo donde la extracción y apropiación de territorios es parte de la cotidianeidad. Se trata de pensar en un tipo de sociedad, llamada sociedad extractiva, en donde se produce un complejo de relaciones en donde los bienes comunes (mal llamados recursos naturales) son puestos en venta por empresas y no por la nación que administra los territorios en donde se encuentran dichos bienes. En otras palabras, lo que es de todos se dispone a la mercantilización por parte de otros. Nada más y nada menos que un robo a los pueblos.

Desde que Pinochet se apropió del poder ejecutivo de forma ilegítima, Chile tuvo una pérdida de 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Este informe, sin embargo, no ha tomado en cuenta las privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno de la Concertación, como fue el caso de las empresas de agua potable, la entrega del control de Emos (Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias), la construcción de autopistas, la administración del servicio penitenciario, entre otras.

Lo que el documento presentado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sí mostró, fue el hecho de que Chile hizo entrega de 15.000 propiedades estatales. Por citar un caso, a partir de la reforma agraria sólo el 20% de las tierras expropiadas quedaron en manos de campesinos. El resto fue comercializada y puesta a disposición de capitales internacionales. En resumen, y para dar cuenta del escenario calamitoso en términos de soberanía territorial, el Estado había vendido 725 empresas públicas a casi una séptima parte de su valor real. El ejemplo es la Compañía de Acero del Pacífico, que fue vendida a 105 millones de dólares, cuando su precio real era de 811 millones de dólares.

Siguiendo esta línea de privatizaciones, el Estado dejó de recibir 184 millones de dólares anuales por la venta de la azucarera IANSA (Industria Azucarera Nacional). Su administración y relación estuvo íntimamente relacionado con la Unión Democrática Independiente, un sector de ultraderecha que tuvo como referente a Joaquín Lavín.

El caso de Chilectra es muy curioso, porque el Estado fue el que le dioCr un crédito a Yuraszeck para comprar el 20% de Corfo, una empresa que él mismo dirigía. De esta forma, y luego de haberse hecho con la privatización de la empresa energética, el sector privado se apropió de una empresa pública administrando la energía. Endesa representó una pérdida de 900 millones de dólares para el fisco chileno.

¿Qué es la Corfo? Es la Corporación de Fomento de la Producción, el lugar en donde la Comisión Investigadora determinó que los procesos de privatización y los acuerdos llevados a cabo a favor del sector empresario, fueron planeados.

Un caso muy particular es el caso de la empresa Soquimich (Sociedad Química y Minera de Chile), una empresa minera privada que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del nitrato de potasio y fertilizantes de especialidad, yodo, potasio y litio en Chile. Ponce, su presidente desde 1979, yerno de Pinochet, ha hecho negociados multimillonarios con la empresa que, luego de su privatización, pasó a llamarse SQM y cuenta con más de 20 sedes en todo el país. Cuando Ponce asumió la administración de la empresa, prometió su saneamiento. Hoy, la realidad muestra que el negocio fue sano para el y la familia.

Las privatizaciones y sus consecuencias.

Ya hemos visto que el agua se encuentra administrada por el interés privado. En tal sentido, la decisión de gestionar los recursos acuíferos dependerá, solamente, del “ok” del gerente de la empresa. El caso de la minera Biolantánidos es prodigio en esta problemática. La minera del Gran Concepción pretende utilizar 35.000 litros de agua por hora, a los fines de llevar a cabo la explotación en el territorio. Con este caudal se podrían abastecer alrededor de 5000 personas.

Los lantánidos son un conjunto de metales que se utilizan para la creación de teléfonos celulares, televisores y laptops. Son piezas claves en la fabricación de vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Su explotación implica una gran ganancia para la empresa que lo administre.La derivación del recurso hidríco a la empresa y no a la población, forma parte de una decisión del Estado orientada al beneficio corporativo y al desmedro de la humanidad. Además de ser una técnica altamente conflictiva, el fracking implica un avasallamiento a los derechos ciudadanos.

Chile es el único país con las aguas privatizadas. Los derechos, su uso, aplicación y destino fueron entregados a perpetuidad y de forma gratuita a empresas que deciden por encima de la ciudadanía.

Además, el 61 por ciento de la actividad minera está en manos de capitales extranjeros. El resto se concentra en su mayoría, en manos del grupo Luksic y Codelco (esta última de gestión compartida entre el Estado y los privados)

Por otro lado, a partir de la sanción de la Ley de Pesca, un grupo minoritario de familias pasaron a ser las dueñas del mar y de sus recursos. Son 4 grandes conglomerados que concentran el 92% del sector pesquero nacional: la familia Angelini encabeza el primer lugar. Las familias Stengel y Fernández capitalizan el 20%. En tercer lugar se encuentra Blumar, conglomerado originado a mediados del año 2011 a partir de la fusión de la Pesquera Itara y El Golfo. Esta empresa está vinculada con la familia SarkisYaconi – Santa Cruz.

En relación a los bosques, para el año 2017 las exportaciones ascendieron a un aproximado de 5 mil millones de dólares, según datos del Banco de Chile. Entre los grupos Angelini y Matte recaudaron el 70%.

En resumen: agua y energía es clave para el desarrollo de la industria minera. Con el funcionario adecuado, conseguir exención impositiva así como regalías en prestación de servicios constituyó el negocio ideal. El gobierno neoliberal de Chile ha sido para las empresas. Neoliberalismo y extractivismo, de la mano como lo ha sido siempre. El concepto de sociedad extractiva de Raúl Zibechi abrocha a la perfección la relación aquí presentada.

La conclusión es clara: la administración privada de un recurso que es de todos solamente es perjudicial para la ciudadanía. En términos de soberanía territorial, hemos visto que la supeditación del beneficio económico temporal no configura una proyección para una política de estado sustentable o sostenible. Todo lo contrario: el modelo colapsa, y cuando lo hace, pasa lo que pasa hoy en día en Chile. Piñera, fervoroso defensor del modelo extraccionista, capitalista y anti-ciudadana, se ha cargado los derechos de los pobladores en su espalda, y continúa defendiendo un modelo que no tiene otro destino que el de la acumulación de muy pocos, en detrimento del vacío de muchos.

Fuente: Radio Gráfica