Algo huele (y sabe) mal

Desde el pasado sábado 5 de septiembre, el agua corriente del área metropolitana de Buenos Aires se mostró con un gusto y olor particular. La oscilación entre lavandina, cloro, metano y demás elementos particulados fue motivo de queja colectiva, y en las redes sociales se evidenció el malestar por el estado del cauce hídrico. Las autoridades de AySA emitieron un comunicado en el que se comprometieron a “averiguar la causa”, mientras que aseguraron que se trató de la mera “variación en el Río de la Plata”.

Por Juan Patricio Méndez*

La ciudadanía se expresó por sus redes sociales, como lo es habitual en tiempos de digitalización y transmedia, en relación a los sucesos acontecidos durante el fin de semana con el agua corriente. El olor y gusto a cloro alertaron a los usuarios, que reportaron estos problemas de calidad del suministro. Lo mismo había sucedido en julio de este año, y en aquella oportunidad la empresa comunicó que se trató de un “cambio en las variaciones de los niveles de agua del Río de la Plata”. Sin embargo, el fenómeno se repitió el día sábado, y desde AySA informaron que se trató del mismo motivo.

La empresa estatal emitió un comunicado, en donde detalló que “ante consultas puntuales de personas usuarias, sobre una modificación en el sabor y el olor del agua, se informa que pueden producirse variaciones en el Río de la Plata que provoquen esta situación, que de ninguna manera afectan la potabilidad del agua. De esta manera, queremos llevar tranquilidad a la población beneficiaria dado que esta situación no presenta peligro alguno para la salud”. En este sentido, la compañía extranjerizó su responsabilidad por el cambio en el estado del servicio, pero se comprometió en llevar adelante una “investigación sobre el origen del evento, con el objeto de encontrar a través de procedimientos físicos o químicos, y si fuera posible, la resolución”. Además, añadió que “el agua que suministramos es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, lo que asegura el control permanente en todas las etapas de producción, desde la captación en el río hasta la distribución domiciliaria”.

La maquinaria de la empresa estatal que conduce Malena Galmarini funciona las 24 horas y abastece a más de 10 millones de personas. En términos concretos se trata de 3.363 km cuadrados de área de concesión, 23.666 kilómetros de de cañerías, 5.868.638 metros cúbicos de agua tratada por día, 10.713.262 habitantes servidos, 3 plantas de agua superficial, 16 plantas de agua subterránea, y 14 estaciones elevadoras, según informa el sitio web.

El proceso de potabilización

Antes de ingresar a las plantas potabilizadoras, el agua cruda pasa por un sistema de higienización mecánica con “rejas” de variados tipos y longitudes, las cuales funcionan como un filtro inicial, y que la limpian de materiales grandes como hojas, ramas y otros sólidos. Después de ello viene la etapa de ozonización, el cual actúa como desinfectante (el mismo elemento es un desinfectante natural), el cual ingresa inyectado en el generador como oxígeno puro, y luego es transformado en utilizando energía eléctrica.

El ozono actúa modificando las paredes y estructuras celulares de los vegetales para lograr una mayor separación en el “proceso de clarificación”. Además, como es desinfectante, elimina gran parte de las bacterias y de los microorganismos (de todo tipo) del agua cruda. Además de sus funciones higienizantes, es oxidante de metales (como el hierro y manganeso), y eliminador de olores y sabores, que se completa con el agregado de carbón activado en polvo. Este último,  ya agotado, es retenido en la etapa de clarificación. Por último, la filtración permite eliminar la turbiedad remanente para cumplimentar el proceso anteriormente mencionado.

Sin embargo, hay olor y mal gusto

Habiendo dicho esto, y quedando homologado el proceso por la misma empresa, merece la pena mencionar que un acontecimiento de tal magnitud no debe ser pasado por alto. Al mencionar que “también se está evaluando la posibilidad de radicar la denuncia en la Fiscalía Federal de Ambiente para que se determine si hay contaminación industrial o si se trata de un fenómeno natural” la empresa está (implicitamente) citando dos cuestiones. La primera, más institucional, que desde los protocolos nacionales y sanitarios la empresa debe llevar adelante un proceso de averiguación para determinar el estado y la gravedad del acontecimiento en sí mismo.

Pero por otro lado, AySA manifestó, literalmente, el hecho de que la denuncia tendría el fin de “determinar si hay contaminación industrial”. Esto expresa que, hacia el interior del organismo, se desconoce el estado de la red de distribución, y si la misma cumple con los estándares ambientales establecidos para operar.

La Ley 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Por agua se entiende a “aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas”. Según la misma legislación, la autoridad nacional de aplicación deberá determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos, definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos, y fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas.

Según el informe del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, presentado en el año 2017, “el 75% del déficit de agua en aglomerados (equivalente al 55% del déficit total urbano) se focaliza en el GBA”. En este sentido, la emergencia radica en el estudio del estado actual de las redes de distribución de agua a nivel nacional, para poder asegurar que el consumo hídrico sea seguro.

Según informes recientes de Naciones Unidas, cada día 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes desembocan en las aguas del mundo. Además, “cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra”. Por otro lado, el organismo menciona que la fuente más importante de contaminación del agua es la falta de gestión y tratamiento adecuados de los residuos humanos, industriales y agrícolas, por lo que ambiental se mete de lleno como una necesaria política de estado.

Habiendo dicho esto, la denuncia aún no fue presentada ante la Fiscalía Ambiental, por lo que se estima que pronto se hará efectiva ante el organismo de investigación correspondiente. Por otro lado, desde la empresa urge iniciar un estudio completo para asegurar el estado de la distribución de agua potable a nivel metropolitano. El Código Alimentario Argentino, en su artículo 982, establece que el agua potable es aquella que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente.

Encontrándose estas últimas características vulneradas ante la materialidad evidenciada el último fin de semana, se entiende que es necesario volver a abrir el debate en términos de políticas públicas nacionales para la elaboración y concreción de un plan holístico de tratamiento de agua potable, ya que esta no es un recurso, sino que es un derecho humano básico a nivel internacional. La crisis hídrica, cada día, se acentúa, y es hora de ponerle fin.

 

(*) Columnista de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3

 

Fuente: Radio Gráfica